La incapacitación es un
proceso jurídico que se inicia cuando las enfermedades o deficiencias de
carácter físico y psíquico persistentes, impiden que la persona pueda decidir
por sí misma sobre su vida y/o patrimonio. El Ministerio Fiscal es el
responsable de dictar sentencia sobre la incapacidad, total o parcial, de la
persona y asignar el tutor que debe representar, cuidar y proteger su bienestar
y su patrimonio. La actividad del tutor, que puede ser una persona jurídica
pública o privada, es supervisada por la autoridad competente. Aunque la teoría
es clara, en la práctica surgen situaciones complejas. Si bien toda persona que
no se encuentre incapacitada está legitimada para gestionar sus intereses y ejercitar
sus derechos, en un centro sociosanitario un usuario puede estar incapacitado
de hecho (no legalmente). Entonces pueden aparecer conflictos entre los
familiares, que afectan al funcionamiento de la residencia. Por ello, es
recomendable que los centros comuniquen a la Fiscalía la existencia de un
posible usuario incapaz.
Fuente bibliográfica: Balance Sociosanitario. Dependencia y discapacidad. Diciembre 2015